Un grupo de militares realiza un recorrido por las calles en una colonia de Acapulco, Guerrero, ante el aumento de la violencia (Cuartoscuro Archivo)
ACAPULCO (CNNMéxico) — La violencia provocada por los cárteles del narcotráfico en el estado sureño de Guerrero ha dejado a dos pueblos vacíos. Hombres, mujeres, niños y ancianos abandonaron definitivamente sus humildes casas y sus pequeños terrenos de siembra.
El poblado La Laguna es uno de los más afectados. Está ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, una de las zonas más complicadas por enfrentamientos y asesinatos del crimen organizado.
Desde el pasado 22 de abril, las 107 personas que formaban la comunidad se desplazaron a otro poblado, Las Ollas, ubicado a kilómetros de distancia, por temor a seguir en sus casas, pues han sido víctimas de al menos 10 hechos violentos, emboscadas e incursiones militares que han provocado las muertes de ocho personas, entre ellos tres jóvenes.
Entre los desplazados hay dos mujeres embarazadas y 34 niños menores de 5 años, quienes están viviendo en la intemperie, informaron la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos.
Para esas agrupaciones y la propia Comisión de Derechos Humanos estatal el clima de violencia es provocado por integrantes de la delincuencia organizada en su búsqueda por controlar por completo la sierra de Guerrero para la explotación de los bosques, la siembra y el trasiego de droga.
Las comunidades asentadas en la sierra de la región de la Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero —ambas colindantes con Michoacán y el Estado de México— enfrentan desde hace años graves problemas por la alta producción de marihuana y amapola.
De acuerdo a datos proporcionados por el Ejército, Guerrero ocupa el primer lugar, a nivel nacional, en la producción de amapola.
El reporte de Derechos Humanos
La situación de las 107 personas desplazadas es preocupante ,pues viven en una situación de hacinamiento en la comunidad de Las Ollas, localidad rural que no cuenta con un centro médico, de acuerdo con el reporte oficial de la Comisión de Derechos Humanos del estado y de las agrupaciones sociales.
"No dispone de lugares adecuados para dar albergue a tanta gente, ni hay el suficiente abasto de comida para una larga estancia de estos refugiados. Las condiciones de salud de los desplazados también son un asunto de preocupación".
“La mayoría de las familias salieron de La Laguna sólo con lo que llevaban puesto, dejando todo lo que constituía su patrimonio; casa, ropa, animales, herramientas y tierras. Hoy no saben si podrán sembrar para poder comer y no saben qué pasará con sus cosas que tuvieron que dejar”, indica el reporte que fue enviado al presidente de México, Felipe Calderón.
Por lo que exigen atención por parte de la federación y el gobierno del estado para que estas personas puedan regresar a su comunidad sin temor.
Uno de los antecedentes más graves registrados en ese poblado fue el pasado 31 de octubre del 2009, cuando hombres armados emboscaron y asesinaron a tres jóvenes identificados como Alejandro y Bertín García Cortés de 19 y 18 años, respectivamente, y Rogelio García Valdovinos de 15 años.
Otro caso
El segundo pueblo que enfrenta el desplazamiento de sus habitantes es el de La Morena, la misma localidad en donde el mes pasado asesinaron al ecologista defensor de la sierra de Guerrero,Javier Torres Cruz, reconoció el procurador de Guerrero, Alberto López Rosas.
La población teme ser víctima de más ataques por parte de personas de la delincuencia organizada, por lo que están buscando la manera de ingresar a la zona para brindar protección a sus pobladores, dijo el procurador.
Sin embargo, López Rosas reprochó que no es una responsabilidad absoluta del gobierno de Guerrero, sino por igual de la federación y de las instancias municipales.
“La situación que se vive en esa zona de conflicto es muy difícil, es de violencia, nosotros estamos ingresando a ella teniendo ciertos controles de esa parte de Guerrero. Sabemos que hay autodesplazados, nosotros hemos pedido a algunas personas que habitan en ese lugar que por el momento abandonen esos sitios mientras nosotros tomamos el control pleno”, aceptó.
El ecologista asesinado había estado advirtiendo desde el 2008 de las incursiones de grupos paramilitares, mismas que fueron ignoradas por el pasado gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Javier Torres Cruz, de 30 años , defendió los bosques guerrerenses y en el 2008 había denunciado penalmente al ganadero y presunto narcotraficante Alba Álvarez, quién está preso en el penal de La Palma acusado de delincuencia organizada por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El 6 de diciembre del 2008, Javier Torres denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos su secuestro por parte de supuestos militares del 19 batallón, ubicado en Petatlán, municipio enclavado en la Costa Grande de Guerrero, colindante con Michoacán.
En ese tiempo estuvo retenido por 10 días en una vivienda de donde logró escapar bajo una grave condición de salud y huellas de torturas.
Ese hecho provocó que el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera al gobierno de Guerrero medidas cautelares para el ecologista, mismas que nunca se otorgaron.
Fuente: http://mexico.cnn.com/
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